El derecho a reparar quiere alterar la lógica que, con algunas variaciones, rige la industria tecno. Es decir, que los dispositivos son cajas negras casi imposibles de arreglar. La movida exige a los fabricantes que allanen el acceso a las piezas de repuesto, a los manuales de reparación y a las actualizaciones de software, además de extender las garantías y aumentar la disponibilidad de los service más allá de los centros oficiales. En ese orden, el denominado derecho a reparar debería ser rebautizado: es la posibilidad de cambiar componentes, más que arreglarlos, y eso precisa una arquitectura más abierta.
“En la casa de algún abuelo aún hay una heladera antigua que funciona o un televisor de tubo que anda perfectamente. ¿Qué cambió entonces? –se pregunta el abogado especialista en derecho informático Sebastián Gamen–. Las nuevas generaciones no aceptan más el consumo indiscriminado y otros están replanteándolo. Algo está comenzando a hacer ruido”.
En medio del debate, estas son las claves para comprender el núcleo de la cuestión.
Envión en Europa y los avances en Estados Unidos. En noviembre del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó el derecho a reparar, y con ello estableció normativas a las que debe ajustarse la industria. Uno de los cambios relevantes es la inclusión de un etiquetado en los productos que indique “información clara, inmediatamente visible y fácil de entender para los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación”, según la ley. Se amplían además las garantías, y se promueve el acceso para intervenir en los aparatos, con más disponibilidad de repuestos tanto para los talleres independientes como para los consumidores. En Estados Unidos, con el impulso de la administración de Joe Biden, a fines de julio la Comisión Federal de Comercio votó en forma unánime en favor del derecho a reparar. Dijo Biden: “Las compañías imponen restricciones a las reparaciones propias y de terceros, lo que hace que sean más costosas y requieran más tiempo, restringiendo la distribución de piezas, diagnósticos y herramientas”.
Los principales beneficios del cambio. El cofundador de Apple, Steve Wozniak, dio cuenta de una suerte de regreso a los orígenes del boom tecnológico, propuesto por este derecho. Antes del visto bueno de la FTC de Estados Unidos, Wozniak dijo que Apple no habría surgido si su generación no “hubiera crecido en un mundo de tecnología muy abierta”, y recordó los tiempos en que los consumidores podían reparar un televisor roto con un puñado de nociones técnicas. Paradójicamente, Apple es una de las compañías que más se han opuesto al derecho a reparar.
El choque con la miniaturización y con el tráfico de componentes. Muchos de los grandes fabricantes se oponen a la movida, pero no mencionan la merma en las ventas que derivaría de estas medidas, sino la seguridad. Dicen que estas legislaciones no tienen en cuenta la integridad de los usuarios y la buena salud de los productos, ya que modificar de forma indiscriminada componentes internos de los artefactos podría provocar accidentes o un funcionamiento deficiente.
Hay dos variables más por considerar. Por un lado, la avanzada de la miniaturización de los componentes va en desmedro de las reparaciones caseras. ¿Debería la industria frenar su evolución en pos del derecho a reparar? ¿Conviene tener un smartphone más ancho, para que podamos manipular sus piezas internas, o que un teléfono pierda su resistencia al agua? Además, se argumenta que con la nueva legislación aumentará la falsificación de repuestos y que no solo ellos, sino también los consumidores, se verán afectados por la circulación de tales piezas.
La tecnología modular no prendió. El derecho a reparar tiene puntos de conexión con la modularidad, una movida que algunos fabricantes intentaron promover y que no se consolidó. Fue el caso del Proyecto Ara, de Google. Hoy existen propuestas de esa especie (es el caso del Fairphone), pero la modularidad no es por ahora un estándar de una industria que enfrenta varios frentes de tormenta; el principal, que el mercado está saturado de teléfonos.
¿El fracaso de la tecnología modular se traduce en un mismo destino para el derecho a reparar? No necesariamente. La normativa procura que la tendencia no sea impulso de unos pocos elementos en las góndolas, sino que se convierta en una conducta generalizada.
¿Llegará a la Argentina? En nuestro país, el artículo 12 de la ley 24.240 de defensa del consumidor señala que “los fabricantes, importadores y vendedores (de cosas muebles no consumibles) deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”. Según comenta Gamen, se entiende que esa obligación es exigible dentro del período de garantía de los seis meses. “Fuera de ese plazo parecería que los proveedores no tienen ya obligación alguna, y no conozco reclamos de consumidores para solicitar aquí el reconocimiento del derecho a reparar. Sí hay un proyecto de ley muy bueno, de 2018. Pero lamentablemente no avanzó en el Congreso. Podríamos tener una ley en sintonía con los últimos avances mundiales, pero no, no la tenemos”, cierra el especialista.
En el texto del proyecto, firmado por la Coalición Cívica, concluye que “el objetivo de la obsolescencia es exclusivamente el lucro económico, no teniéndose en cuenta las necesidades de los consumidores ni las repercusiones medioambientales en la producción y mucho menos las consecuencias que se generan desde el punto de vista de acumulación de residuos”. Han presentado, y no ha avanzado, la idea de promover “la oferta de productos de alta calidad con una vida útil más larga a precios asequibles”. Quizá los pasos realizados en Estados Unidos y la Unión Europea permitan que la ola llegue a este lado del mundo.
Por: Uriel Bederman
Fuente: La Nación
