Es una realidad sabida: buena parte de los pesos que se pagan al comprar un producto o al contratar un servicio tiene como destinatario al Estado. Pero, claro, no todos los impuestos o cargas fiscales impactan con igual fuerza en la definición de un precio, en la decisión respecto de una inversión y, ya desde una perspectiva social, en el nivel de formalidad de la actividad económica.
Si se trata de definir qué tributos inciden más en los precios, la distancia entre el que ocupa el lugar más alto del podio y los que lo siguen es enorme, al menos en la percepción de un grupo de responsables del área impositiva de empresas medianas y grandes. En la última encuesta anual de la consultora KPMG, el 66% de los entrevistados consideró que Ingresos Brutos, el gravamen cobrado por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el que en 2021 influyó más fuertemente en los valores de los bienes comercializados. Del relevamiento participaron 70 chief financial officer (CFO) y especialistas en materia tributaria.
En el segundo lugar quedó Ganancias, recaudado por el Estado nacional, con 15% de las respuestas. Y otros dos gravámenes con alcance para todo el país compartieron el tercer escalón del podio, votado cada uno de ellos por un 4% de los encuestados: el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el IVA.
Ingresos Brutos es, desde hace años, uno de los tributos más cuestionados por economistas, tributaristas, empresarios y emprendedores. Entre otras razones, por la manera en que se aplica, que hace que represente un costo que se va acumulando en cada una de las etapas del proceso de producción y comercialización. Es decir, el monto que se le agregó al costo de un bien en una parte del camino en concepto de Ingresos Brutos, integra la base de cálculo de ese mismo impuesto cuando se lo aplica en una instancia posterior. Y todo se va incorporando a los precios, o provoca, según el caso, caídas en la rentabilidad.
Más allá del carácter inflacionario de Ingresos Brutos y de otras distorsiones de las que se lo acusa (no medir eficientemente la capacidad contributiva, por ejemplo), hay una cuestión conflictiva vinculada con la red de retenciones y percepciones, que provoca desde desigualdades en la imposición hasta la acumulación de saldos a favor del contribuyente que son difíciles de recuperar.
“Es inimaginable una reforma impositiva eficiente si no se toca Ingresos Brutos”, analiza en diálogo con LA NACION Fenando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina, quien destaca que la percepción negativa que hay en las empresas sobre ese impuesto provincial no varió respecto de un año atrás.
Más aún: podría pensarse que, cuando se haga esa misma pregunta respecto de 2022, si la respuesta tiene alguna variación tendería a incrementarse el número de quienes ven a esa carga como la que más impacta en precios. El nuevo Consenso Fiscal firmado en diciembre último por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores (con excepción del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) incluye el compromiso de tener alícuotas de Ingresos Brutos que no superen determinados porcentajes, diferentes según la actividad. Y ocurre que, hoy por hoy, en gran parte de los casos los niveles de imposición son menores a los allí admitidos. Es decir, se dejan márgenes para agravar la carga.
Ese pacto es, en relación con Ingresos Brutos, la contracara del firmado en 2017, que incluía un camino de cuatro años con cambios progresivos, para llegar al actual 2022 con algunas actividades exentas y con otras pagando alícuotas más reducidas. “En aquel momento había optimismo sobre una rebaja gradual de las alícuotas, pero con la crisis de 2018 la encuesta ya empezó a captar un mayor escepticismo, dice Quiroga Lafargue. Aquel acuerdo impulsado en la gestión anterior quedó finalmente fuera de juego.
Los datos de la encuesta de KPMG indican que el 84% de las empresas consultadas tiene saldos a su favor por Ingresos Brutos de alguna o algunas provincias. Dos de cada diez dicen tener más de $50 millones para reclamar, y en cuatro de cada diez el monto es de hasta $10 millones. Esa retención de capital tiene efectos en las decisiones de negocios. Tres de cada diez consultados, por ejemplo, dijeron que en las empresas que representan se optó por restringir en algunas jurisdicciones y a causa del régimen fiscal, las ventas de bienes o la prestación de servicios. ¿Las provincias que mencionaron? Tucumán, Misiones y Salta.
El relevamiento indagó en un sentido amplio sobre los planes de inversión para 2022, año para el cual el 82% de los encuestados dijo creer que subirá la presión fiscal, 17% consideró que seguirá igual y solo 1% se mostró confiado en que bajará.
Con esas expectativas, tres de cada cuatro empresas evalúan o decidieron ya mantener el nivel de inversión en el país, en tanto que 18% prevé elevarla y 8%, disminuirla. Un año atrás, la respuesta que indica una baja prevista en las inversiones había sido mayor: de 32%. “Ahora se consolida la opción de mantener la inversión”, dice Quiroga Lafargue. Una causa posible de la caída del porcentaje de empresas que reducirán inversiones es el hecho de que algunas ya las bajaron de tal forma que están en un nivel solo suficiente para mantener sus estructuras.
¿Hay actividades para las que se considera que el esquema impositivo tiene incentivos válidos? Para más de la mitad de los consultados, en la industria del conocimiento sí ocurre eso. En cambio, el 78% consideró que las medidas de incentivo para el desarrollo de la industria no son efectivas ni suficientes y el 73% evaluó lo mismo en cuanto a las normativas para exportaciones.
Más alta aún, de 85%, es la proporción de quienes creen que no hay políticas impositivas favorables a la inclusión financiera. Según apunta el analista de KPMG, se sofisticó tanto la forma de gravar los ingresos que se llegó a desalentar la bancarización. El ya mencionado Consenso Fiscal no da razones para el optimismo en este punto: habilita a cobrar alícuotas de Ingresos Brutos de hasta 9% en los servicios financieros, mientras que si hubiera seguido vigente el pacto de 2017, este año no se debería superar el 5%.
Ni la bancarización ni la formalidad reciben aliento de las políticas impositivas, según los encuestados. El 94% respondió “no” a la pregunta que planteó si el sistema impositivo del país es funcional a bajar la informalidad. “Esa percepción no cambia en las encuestas de diferentes años”, afirma Quiroga Lafargue. Y concluye: “El sistema tributario actual es el resultado de muchos parches hechos desde una mirada recaudatoria”, y no desde la meta de lograr una mayor actividad que, entre sus efectos, le permita finalmente al Estado lograr más recursos.
Por: Silvia Stang
Fuente: La Nación
