El Procurador Abel Cornejo, ordenó actuaciones sumarias al tomar conocimiento de que aproximadamente hace un mes y dentro del ámbito del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), se habría dispuesto, sin conocimiento de la Procuración General ni de su Coordinación General, pero tampoco del Servicio Médico del Ministerio Público; la tramitación ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de 50 dosis de la vacuna rusa contra el SARS-CoV-2. Las dosis habrían sido recibidas por igual cantidad de personas, integrantes de una lista elaborada dentro del ámbito del CIF.
La medida inconsulta generó sorpresa y desagrado en el ámbito de la Procuración, atento a que además de las posibles irregularidades en el acceso a las vacunas, la situación revistió falta de solidaridad y equidad de quienes decidieron avanzar en el acceso a las dosis y su disposición final, al no haber contado con una opinión médica objetiva sobre el listado de personas con prioridades que debían administrarse la vacuna Sputnik V. Dichos parámetros están establecidos por la autoridad sanitaria y de acuerdo a los grupos de la población con mayor vulnerabilidad.
Abel Cornejo consideró que pudieron advertirse “prima facie”, irregularidades en orden a lo violación de distintas normativas vigentes, lo que justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de instancias disciplinarias internas “especialmente cuando es de dominio público que todavía, la cantidad de dosis disponibles a nivel internacional, nacional y provincial, resulta absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”.
Las actuaciones administrativas tienen el objeto de deslindar responsabilidades, determinar la vía de acceso a las dosis y la tramitación del pedido, como así también los criterios adoptados para la confección de la lista, habida cuenta que el Servicio Médico del Ministerio Público, no fue consultado.
Vacunación rutinaria y Covid-19
Como rutina anual, se cumple en el CIF con la vacunación del personal esencial, contra distintas enfermedades y en virtud de la inmunización a trabajadores que está enmarcada en el artículo 21 del Decreto 351/79, que la contempla como uno de los requisitos de los Servicios de Medicina del Trabajo y de acuerdo a la OMS/OPS.
